Autores: Lorena Marcela Almada / Cecilia Matich.

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Enero 2006

Editorial La ley - Periódico Económico Tributario Nº 341

RESUMEN

El producido de la empresa agropecuaria contribuye a generar el mayor ingreso de divisas al país, habida cuenta que los precios internacionales, la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso nacional, la han favorecido. Así, el sector agropecuario, y en los últimos años, preponderantemente el agrícola, se ha posicionado como un sector de la economía que efectúa significativas transferencias de ingresos hacia el Estado, hallándose su canal instrumental en las políticas tributarias del Estado argentino respecto del agro.

Por su parte, y como consecuencia del proceso de transformación social y económica que vivió la Argentina durante la última década del siglo pasado, el gobierno nacional transfirió a los gobiernos provinciales y/o municipales nuevas responsabilidades y funciones, sin haberse previsto la correspondiente asignación de recursos necesarios para financiarlas.

Por ello, y dado que el impuesto sobre los ingresos brutos es una de las principales fuentes de recursos de las provincias, las políticas tendientes a eliminarlo no prosperaron; por el contrario, y con el único fin de aumentar de cualquier manera su recaudación, se han producido transgresiones locales que han creado un caos normativo e institucional de difícil solución, con aumento de medidas arbitrarias y sin fundamento jurídico.

En ese marco, el presente trabajo analiza la problemática a la cual, respecto de ese tributo, se enfrentan los productores agropecuarios cuya actividad se desarrolla en más de una jurisdicción provincial; nos detenemos en la exención prevista en el marco del Pacto Fiscal, la aplicabilidad del art. 13, primer párrafo, del convenio multilateral -en cuanto a la distribución de base imponible-, y las consecuencias del uso abusivo de los múltiples regímenes de retención creados por los fiscos locales.